Moviéndose en puntas de pie y sin generar ruidos, la administración kirchnerista comenzó a desplegar una doble movida en el sector gasífero que apunta a tapar una parte de los marcados desequilibrios que se han registrado por la errática política energética que viene aplicando desde mediados de 2003.
Por un lado, al no tener asegurada la producción local de carbón que se necesita para hacerla funcionar, el Gobierno ha comenzado a mover los hilos para que la central térmica de Río Turbio pueda operar con gas.
Y por otro lado, ante la demora que registran las obras de la planta uruguaya de GNL de Gas Sayago que iba a abastecer parte de la demanda doméstica, los funcionarios de Economía y Planificación han vuelto a mirar con atención la alternativa de importar de gas natural de Chile para poder reforzar la oferta local a las industrias y generadoras eléctricas.
Tras casi siete años de obras en la construcción de la usina y la modernización del yacimiento carbonífero que demandaron una inversión superior a los $ 4.000 millones, el Gobierno se fijó como objetivo poner en marcha la central térmica de Río Turbio antes de las elecciones primarias de agosto.
Pero esa meta oficial enfrenta un grave escollo. Por diversos motivos operativos y presupuestarios, el plan integral de recuperación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) se encuentra demorado y la producción actual de carbón no alcanza para atender la demanda total de la usina.
La nueva central requiere 1.200.000 toneladas por año de carbón, pero YCRT sólo está en condiciones de proveer la cuarta parte de esa cantidad y nada indica que vaya a aumentar exponencialmente su producción en los próximos meses.
Frente a esta situación y para no tener la central funcionando a media máquina una vez que se corten las cintas, los técnicos de YCRT y del ministerio de Planificación ya le habrían solicitado a la empresa norteamericana Foster Wheeler—la proveedora de las calderas—que analice la reconfiguración de las máquinas para que la usina puede generar en forma dual con carbón y gas.
La iniciativa para modificar el funcionamiento de la central de 240 MW también implicaría la realización de una serie de trabajos de readaptación técnica a cargo de Isolux (la compañía española que lidera el consorcio adjudicatario), Siemens –la encargada de suministrar las turbinas—y las pymes locales que concentran las obras civiles.
Si la respuesta de Foster Wheeler es viable, la intención oficial sería arrancar las obras de inmediato junto con el tendido de un gasoducto que uniría la usina con el yacimiento de gas “Meseta Cerón Chico”.
Si bien implicaría una solución para la central de Río Turbio, esta conexión gasífera podría abrirle nuevos frentes de conflictos y cuestionamientos al Gobierno. La concesionaria del yacimiento es una de las empresas petroleras que tiene Lázaro Baéz, el socio de la familia presidencial que está en la mira de la Justicia por presuntas maniobras de lavado de dinero, asociación ilícita y desvío de fondos públicos.
En lo que respecta a la posible importación de gas de Chile, lo que está dando vuelta en el ámbito oficial es un nuevo impulso a las negociaciones que se vienen registrando desde el año pasado con los funcionarios trasandinos.
En este caso, lo que está orientando las miradas de Economía y Planificación hacia Chile es la demora que afecta a las obras de la regasificadora uruguaya de Sayago.
Con una capacidad de regasificación de 10 millones de metros cúbicos diarios, la planta de GNL de Sayago fue diseñada para poder despachar desde fines de 2016 unos 7 millones de metros cúbicos a la Argentina.
El problema que enfrenta el proyecto Sayago –que fue adjudicado a un consorcio que encabezan el grupo GDFSuez y Marubeni—es la abrupta salida de la constructora OAS, tras haber quedado involucrada en el escándalo de corrupción de Petrobras que afecta a las principales empresas de Brasil.
OAS tenía a su cargo la construcción del muelle y otras obras civiles de la planta de GNL. Ahora el consorcio tiene que buscar un nuevo contratista, lo cual podría retrasar varios meses la habilitación de la regasificadora.
Para contrarrestar esa demora y asegurarse la provisión de gas que iba a venir de Uruguay, el Gobierno decidió retomar las negociaciones con Chile para tratar de acordar un nuevo intercambio energético.
Pensada inicialmente para el sector eléctrico, la interconexión con Chile se ampliaría ahora al ámbito gasífero con el fin de poder cerrar los primeros envíos de gas del país transandino desde mediados de 2016.
Para eso se aprovecharían los gasoductos que se construyeron en la década del 90 con el fin de exportar el combustible local al mercado trasandino.
Tras el corte de las exportaciones de gas que decidió Néstor Kirchner en 2004, Chile puso en marcha un agresivo plan de abastecimiento con la construcción de dos plantas regasificadoras de GNL en Quinteros y Mejillones.
Once años después, mientras la producción local sigue cayendo, Chile cuenta con la infraestructura necesaria y suficiente para atender su mercado interno y poder venderle gas a Argentina utilizando los gasoductos que originariamente habían sido instalados para una relación comercial inversa.
